24 de agosto de 2008

¡Ahí viene... la Corte Penal Internacional!



Por Koestler

No hay mal que por bien no venga...

Cuando el Presidente Pastrana firmó el tratado de Roma, excluyendo por siete años la jurisdicción sobre los crímenes de guerra, casi todos los editorialistas de la gran prensa y demás medios de información aplaudieron la medida. La veían como una manera de presionar a las guerrillas a negociar. Se convertía en una espada de Damocles sobre los movimientos subversivos. Y en cierta medida después para los grupos de paramilitares.

Hasta ahí todo muy bien, y los beneficiados del establecimiento se sentían seguros y a buen resguardo. Pero no contaban conque la situación se podría volver en su contra. El acuerdo de paz con los paramilitares no se quedó en el remedo que se concibió sino que fue adquiriendo características de mayor profundidad jurídica penal y financiera merced a la posición de elementos díscolos del uribismo y de la oposición.

Las exigencias de verdad, justicia y reparación adquirieron tal peso que el gobierno no pudo limitarlas al escenario parroquial. Trascendió las fronteras. La experiencia de El Salvador —donde aún siguen siendo elegidos a la presidencia los miembros del antiguo Arena— aquí halló serios obstáculos. Las circunstancias internacionales no permiten un manejo cínico de la situación. Factores como la política represiva contra el narcotráfico, la cruzada internacional imperialista de la "lucha antiterrorista", las explosiones nacionalistas y religiosas y el reacomodo internacional de fuerzas políticas y económicas, dejaron sobre el banco la cabeza de nuestros "augustos" políticos nacionales. ¡Y la espada de Damocles colgando encima!

El gobierno Uribe, que quiso mostrar en la arena internacional una faz pacifista al negociar con las AUC —con verdaderos "resorts" adecuados para los jefes paracos—, acosado por sus supuestos antiguos "pecadillos" y ante el descontento de los líderes de los grupos armados de la ultraderecha, decidió extraditarlos a los EE. UU. con el ánimo de acallaros —bueno, tambien sospecho, como sospecha el vice Santos—. Pero a nadie convenció la supuesta intención de castigarlos. Y se trajo ahora encima a la Corte Penal Internacional (CPI).

Menudo lío para nuestro Presidente. Pero puede estar tranquilo, que no le
faltarán corifeos en el plano mundial que le armen encuestas de popularidad de un 80%, y el cobijo de buenas sombras, como la del tío SAM. No faltarán los editorialistas que acusarán a la CPI de intromisión en los asuntos internos, de malintencionados y, al final, todos a una, la acusarán de terrorismo, roscograma y de corrupción.

Y veremos a los Santos, de Prisa, diseñando campañas internacionales con base en informes que providencialmente surgirán de los aún inagotables computadores del finado Raúl Reyes. De El País, de España o La Razón de Bolivia surgirán ingentes notas en tal sentido, y en otros casos de El Tiempo, o de Radio Casa de Nariño, o por bocas de Gurisapis y otros arrodisapis... En fin, a la CPI le esperan momentos duros.

Pero no vamos a cerrar este post sin previamente hacernos una pregunta, para futura reflexión: ¿Quienes son más culpables: los asesinos de las motosierras o los que los financiaron, armaron, apoyaron políticamente o protegieron judicialmente? ¿Quienes deben responder con más rigor?




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