19 de diciembre de 2009

Palacio de Justicia: aún sin la justicia de la verdad...














NOTA: El siguiente texto, que apareció en el periódico Le Monde Diplomatique, en español, edición para América Latina, fue escrito por alguien cuya firma aparece ilegible para nosotros, por lo que no podemos anotarla. De igual forma, tiene partes muy borrosas. Tratamos de obtenerlo en una presentación más nítida, pero no pudieron conseguírnosla. De todas maneras, la damos a la publicidad por cuanto es la primera vez que se realizaron señalamientos importantes como la destrucción de los expedientes por parte del ejército, y que éste sabía claramente de las intenciones de la guerrilla.

Supuestamente un traidor a la organización, que al parecer en la actualidad goza de gran prestigio gubernativo, se prestó para que la organización cayera en la ratonera que le tendieron las fuerzas del Estado.

El documento no deja de tener errores de apreciación, pero así mismo, aporta elementos críticos importantes. Es un documento valioso, por el hecho de que al parecer primeramente se supo en el extranjero hechos que sólo ahora la tal "Comisión de la Verdad" acepta, pero enmarañándola con algunas falsedades.


Colombia: el largo sueño de la desmesura




"Es ley que nueva sangre
pida la sangre en tierra derramada.
Para vengar la muerte
la voz de Erinnys a la muerte llama,
y al crimen sigue el crimen,
y sigue la venganza a la venganza..."


Esquilo (Las Coéforas)


Cuando los guerrilleros del M19 en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros comunicaron que si hubieran sabido que el ejército iba a reaccionar con toda la violencia contra el comando que ocupó el palacio de la Corte Suprema de Justicia no habrían realizado tal operativo, sin proponérselo dejaban al descubierto una gran debilidad de la organización: la política(1). Evidentemente, la reacción que podían tener las Fuerzas Armadas fue menospreciada por el grupo insurgente a la hora del análisis, por algo mucho más grave que un simple error de apreciación. Varios hechos así lo comprueban. EXCELSIOR, 11/11/1985


Los enfrentamientos armados entre el ejército y la organización rebelde habían alcanzado altos niveles de generalización y violencia, y ponían en entredicho la capacidad de los militares para controlar la actividad insurreccional del M19 y sus aliados: el grupo Ricardo Franco (importante fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC), y la organización Quintín Lame. Un somero recuento de hechos ilustran lo que decimos. Los reiterados combates sostenidos en el departamento del Cauca, al sur del país, con decenas de bajas en las fuerzas gubernamentales, significaron igualmente muchas bajas en las filas insurgentes, y en la población civil, víctima de fusilamientos y bombardeos indiscrimanados.


En el departamento del Valle del Cauca, uno de los más importantes del país por su producción industrial y agrícola, se realizaron combates a lo largo de las Cordilleras Central y Occidental. En zonas rurales comprendidas entre Palmira y Tuluá fuerzas rebeldes se enfrentaron al ejército provistas de modernos fusiles y ametralladoras, además de cohetes tierra-aire, bazucas y morteros, para dar respuesta a una ofensiva gubernamental de varios miles de hombres apoyados por helicópteros, aviones, tanques y artillería, que en su acometida causaron igualmente graves daños a los pobladores de la región. Dichos combates tuvieron como particularidad la combinación de guerra de movimientos y posicional durante más de una semana, con la presencia de un importante volumen de combatientes por ambas partes.


El M19 realizó exitosamente una emboscada contra una patrulla militar causando cerca de medio centenar de bajas al ejército, entre muertos, heridos y prisioneros, en lo que puede catalogarse como el más importante operativo de ese tipo realizado en el país durante los últimos veinte años.


Merece destacarse, por sus características militares, el ataque contra el cuartel del ejército en Armenia, capital del departamento del Quindío, en el cual el grupo rebelde causó cerca de cuarenta bajas y destruyó buena parte de las instalaciones y del equipo bélico. Acción que colmó la "paciencia" de los altos mandos militares y fue, por su importancia, muy superior al ataque de Florencia, capital del Caquetá, en la que se buscó neutralizar el cuartel del ejército, no tomarlo. Acompañado todo lo anterior por decenas de otras acciones armadas, como la ocupación de pequeñas poblaciones y el frustrado intento de secuestro contra el comandante del ejército.


Las represalias del ejército y su decisión de destruir la guerrilla no podían desconocerse. Un claro ejemplo de ello fue la forma fría, deliberada y pública, como fueron fusilados once guerrilleros del M19 en las calles de Bogotá, cuando se entregaron a las fuerzas policiales luego de la fallida toma de un camión repartidor de leche.


Además, dicha escalada militar fue acompañada, a su vez, del endurecimiento de las posiciones del ejecutivo, por boca del ministro de gobierno, de los sectores empresariales y terratenientes y de los partidos liberal y conservador. Todo confluía a la conformación de un sólido frente, político y militar, contra el M19 y sus aliados.


Visto lo anterior, era claro que debía preverse una reacción desmedida por parte de las fuerzs gubernamentaltes en caso de que se realizara la toma del Palacio de Justicia. Plan del cual el servicio de inteligencia militar estaba perfectamente enterado desde dos meses antes. Tal situación fue subestimada por el M19 y, supuestamente, por las fuerzas gubernamentales, como parece señalarlo el reforzamiento de la vigilancia durante una semana, para finalmente reducirla a una ínfima guardia. Verdadera invitación, o, en otros términos, auténtica provocación de las Fuerzas Armadas hacia la guerrilla(2).


Algo que difícilmente podrá imputarse al M19, aunque eran bien conocidas las contradicciones entre el poder judicial y el ejecutivo, dada la independencia del primero, es el suponer que su acción desencadenaría un golpe de Estado de un poder contra el otro; que, a la postre, resultó ser el más sangriento de la historia constitucional colombiana(3). Y con grandes secuelas para la justicia nacional, como la desaparición de los expedientes contra los mandos de las fuerzas armadas de Colombia, acusados de torturas, asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos; la pérdida de los procesos que se seguían al expresidente Turbay Ayala y su ministro de defensa, así como al Procurador de la República durante el gobierno turbayista.


Igualmente fueros destruidos por las llamas expedientes contra ciuadanos colombianos acusados de narcotráfico, cuya extradición solicitaban los EEUU(4). Sin contar los otros miles de expedientes, de diversas materias, que esperaban solución definitiva en los altos estrados de la justicia colombiana.


Una rápida evaluación de las acciones militares, concomitanes a la toma del Palacio por el grupo rebelde y a la recuperación a sangre y fuego por el ejército, ponen en eidencia tanto la superficial evaluación por parte del M19 como la voluntad genocida de las Fuerzas Armadas. Lo referente a la guerrilla queda en claro, en primer lugar, al observar el tipo de armas que los insurgentes portaron para la toma: armas cortas, fusiles, dos ametralladoras y granadas, todas aptas para tratar de mantener a raya un cordón militar de cerco y control, nunca para enfrentarse a tanques o equipos aéreos, para lo cual, como mínimo se requerían cohetes tierra - aire y armas antitanque. En segundo lugar, el número de insurrectos comprometido en la accción fue realmente insuficiente, si se analizan el tamaño del edificio ocupado, su distribución y relación con los edificios cercanos. De los 41 rebeldes, no menos de 16 eran necesarios para la defensa de las puertas de entrada, lo cual dejaba una exigua cantidad para vigilar el techo, en previsión de un ataque con comandos aéreos, controlar rehenes y mantener a raya a las fuerzas gubernamentales que acordonaron la zona.


Si el M19 pretendió suplir esta deficiencia con acciones armadas desde el exterior, éstas fueron insignificantes: unas nueve bombas y pocas escaramuzas con la policía, que prácticamente pasaron desapercibidas, tanto para las fuerzas represivas como para la población(5). Situación que por sí misma es indicativa de la exigua capacidad militar del M19 en la capital de la República, en efectivos y en mandos.


Por su parte, el ejército colombiano reaccionó con presteza inusual(6); en los primeros momentos, mediante agentes vestidos de civil, para impedir la fuga de los guerrilleros. Cinco minutos después, con la presencia del Batallón de la Guardia Presidencial, efectivos de la policía y agentes del F2, quienes sostuvieron nutrido fuego en espera de refuerzos militares en hombres, tanques artillería y helicópteros.


Una hora y veinte minutos después ya el primer tanque había ingresado al Palacio de Justicia. A las dos horas y media del inicio del operativo, estaban en poder del ejército las dos puertas de acceso al inmueble y la azotea. La guerrilla había quedado en total situación defensiva. A partir de este momento es el ejército quien comanda las acciones: dinamita muros en el sótano y la azotea, ataca con cohetes y tanques en el interior y mantiene la ofensiva. Es total al negativa gubernamental a la petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de suspender las acciones y entrar en negociaciones(7). Lo demás es conocido. Es el holocausto: se incendia el edificio en el fragor del combate y 28 horas después de la toma guerrillera el ejército entrega su parte de victoria: todos los guerrilleros eliminados (¿un combate sin prisioneros?), lo cual contrasta con los enfrentamientos en que han caído prisioneros o heridos efectivos gubernamentales, quienes han recibido trato humanitario; once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados, empleados, visitantes y militares también muertos.


La cifra total: más de un centenar. La cifra verdadera tal vez nunca se sepa. De los heridos no se conocen las estadísticas. Eso poco importa. El hecho real, escueto, está ahí: el menosprecio por la vida, la arrogancia y la prepotencia de quienes tuvieron en sus manos impedir la masacre. La "defensa de las instituciones" devino en el genocidio contra una de ellas(7).


De parte del gobierno y el ejército es manifiesta la errónea apreciación sobre la voluntad de combate de los guerrilleros, quienes, ampliamente superados en número, resistieron hasta el final(8), doblegados por la desventaja de más de 50 a 1, diezmados por el incendio y la intoxicación. Desde el punto de vista militar, los méritos de las fuerzas gubernamentales son nulos, como lo comprueban, pese a su abrumadora mayoría(9), 28 horas de combate, un alto número de civiles muertos y los irreparables daños causados al poder judicial colombiano. Por ello, suenan irónicas las palabras de quienes han puesto el caso colombiano como ejemplo para el mundo, y se han apresurado a brindar respaldo irrestricto a dicha represión. A nadie escapa que una solución política, firme por parte del ejecutivo, inclusive sin entrar en negociaciones con la guerrilla, hubiera sido una salida más exitosa para el gobierno, y lo hubiera fortalecido.




Un cuidadoso análisis parece indicar que se trató de una acción fríamente premeditada: desde la manera en que se favorecieron los planes de la guerrilla, dejando sin protección apropiada el edificio(10), la permanencia de una vigilancia de civil en los alrededores, con el propósito de obstaculizar la huida de los guerrilleros; la estructuración del aparato militar que intervino, aun con la intervención del batallón de la guardia presidencial, cuya tarea prioritaria es velar por la seguridad del jefe del Estado. Hechos estos que abren sirios interrogantes y que, posteriormente pueden marcar derroteros insospechados si se efectúan investigaciones por parte del Congreso o de la Procuraduría General de la República.


Una de ellas puede referirse al verdadero papel del Presidente, quien pese a abrogarse la responsabilidad por el operativo y sus consecuencias, más parece una víctima de las circunstancias y un instrumento del aparato militar que el comandante de las Fuerzas Armadas. Costo políticio generado por el equívoco manejo de la cuestión militar y de la tregua por parte de Belisario Betancur. Caía por su peso que las concesiones otorgadas a las Fuerzas Armadas en cuantiosos presupuestos; la permanencia los mandos que se distinguieron por su represión durante el anterior gobierno; la obstrucción alas investigaciones que llevaba a cabo la Procuraduría sobre la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en el organismo paramilitar llamado MAS, autor de centenares de asesinatos y desapariciones, y el permitir que los mandos castrenses obstaculizaran la tregua y el proceso de pacificación, culminarían en el exagerado predominio de los militares en la conducción de los asuntos del Estado.


Independientemente de cualquier investigación, el desgaste político de Belisario Betancur, que ya era muy grande, será mucho mayor como consecuencia de los acontecimientos del Palacio de Justicia. Ello hará aún más difícil la prosecución de la tregua, y preludia nuevas y terribles oleadas de violencia. Un ejército a la ofensiva y sin control es garantía segura de inestabilidad política. Sitaución que se agrava aun más con la proximidad de las elecciones presidenciael y los escasos ocho (8) meses que le restan a Betancur en el ejercicio del gobierno.


Por su parte, la respuesta de las guerrillas no es difícil de prever. No será sólo el recrudecimiento del accionar armado de las agrupaciones que hasta el momento no se sienten obligadas a respetar la tregua, sino el reinicio por parte de las que hasta ahora se abstenían de hacerlo. Es sólo un problema de tiempo, de conveniencia de los movimientos opositores, o, a no dudarlo, de la agudización de las agresiones por parte del ejército colombiano. Las ilusiones se desvanecen. Ya sólo queda la guerra(11). Al menos, mientras otro gobierno, con suficiente fuerza, reinicie el proceso de paz. Lo cual, en parte, depende del resultado electoral. Otra parte sería un mejoramiento sustancial de las condiciones sociales del pueblo colombiano.


Sin embargo, hay que reflexionar sobre las modalidades inmediatas del accionar armado del movimiento insurgente colombiano. ¿Se limitará a los enfrentamientos directos con el ejército y la policía o buscará efectuar acciones de retaliación contra los altos mandos militares y el aparato civil del gobierno? Al menos es claro que para los revolucionarios no habrá consideración alguna por parte de sus enemigos, quienens no hacen prisioneros: sólo muertos, sin importar que formen parte o no de los aparatos armados. Tales son los casos de los crímenes cometidos, posteriormente a los hechos que venimos comentando, contra Ricardo Lara Parada1 , exdirigente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien luego de purgar larga condena se había dedicado a la actividad política legal, y contra Oscar William Calvo, dirigente del Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista), miembro de la Comisión Nacional de Paz, designada por el Presidente. Es evidente que los mandos militares están decididos a borrar a sangre y fuego a sus opositores.


Así, lo que para el M19 en sus comienzos fue una acción de propaganda armada y denuncia política contra un gobierno moribundo y en crisis, se transformó un en polvorín político. Gobierno y Fuerzas Armadas, desprestigiados por su acción temeraria y sanguinaria, son colocados en la picota pública; los partidos políticos se escinden aún más por tal motivo, pues mientras unos sectores dieron apoyo irrestricto a la acción del ejército, otros, como el Nuevo Liberalismo, exigieron un tratamiento dialogado; la rama judicial, la Procuraduría y parte del Congreso exigen juicio de responsabilidades, al igual que organizaciones populares(12). El andamiaje del establecimiento se sacude hasta sus bases; incluso, se cuestiona la continuidad de Betancur en el poder.


Igualmente el M19 no sale indemne. Al menos en sus niveles de dirección, tanto por las pérdidas humanas sufridas, como por el desgaste político que implicó diseñar un operativo tan riesgoso en pos de objetivos tan limitados en términos políticos(13). Se impone, en cuanto es una organización revolucionaria, un minucioso análisis de las causas y responsabilidades. Hechos como la toma del Palacio de Justicia, entre otras, no pueden quedar velados por el piadoso manto de las invocaciones nostálgicas a los héroes caídos.


Notas:

(1) EXCELSIOR, 11/XI/81
(2) EL DÍA, 10/XI/85
(3) 10/XI/85
(4) EXCELSIOR, 9/XI/85 Con precipitación producida por el desconcierto, las altas esferas gubernamentales acusaron al M19 de connivencia con la mafia y de efectuar la toma con el supuesto ánimo de eliminar los expedientes establecidos contra los jefes del narcotráfico. Argumento muy socorrido por las autoridades gubernativas a partir de que el ex embajador norteamericano L. Tambs la esgrimió como una provocación contra la tregua. La verdad ha sido otra: quienes provocaron la destrucción de los archivos fueron los militares, y quienes reiteradamante han estado vinculados con el narcotráfico internacional han sido, además de éstos, importantes miembros de los gobiernos de turno, del Congreso y de las esferas económicas del país.
(5) EL HERALDO, 7/XI/85
(6) EL TIEMPO, 7 Y 8 XI/85; LA PATRIA, 7 Y 8 XI/85
(7) LA JORNADA, UNO MÁS UNO, EL ESPECTADOR, 8 y 9, XI/85
(8) Un homenaje al valor combativo de los comandos del M19 lo hicieron, sin querer, las fuerzas armadas gubernamentales, cuando tras la toma final del Palacio, se volcaron sobre las calles de Bogotá en camiones, coches y helicópteros expresando su júbilo al grito de ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Nota: los demás pies de páginas o de citas no aparecen en el documento fotocopiado que se nos hizo llegar.


1 Posteriormente se supo que este asesinato lo cometió el ELN.

18 de diciembre de 2009

JUEVES, DICIEMBRE 17, 2009

HA<b>VLADDO</b>RÍAS

JUEVES, DICIEMBRE 17, 2009

Cavilaciones decembrinas


A mí también me causan algo de extrañeza los publicitados gestos de contrición del hijo de Pablo Escobar. Cuando uno de verdad quiere ofrecer disculpas por algo lo hace sin tanto aspaviento, ni mucho menos con cámaras o periodistas. Hay algo de postizo en todo eso. También me llama la atención que alguien que adoptó una nueva identidad para protegerse, se preste para tanta publicidad. Es absurdo que una persona en semejantes condiciones, supuestamente dispuesta a romper con el pasado tenebroso de su padre, salga a decir: “esta es mi nueva realidad; así transcurre mi vida supersecreta”. Todo eso tiene un componente publicitario incomprensible. Una cosa es que los medios los asedien, y otra muy distinta es salir a convertirse en la familia show del año. Ahí hay algo que no encaja.

A propósito de pantallazos, me parece buenísima la campaña de Julio Sánchez Cristo en La W, para recolectar plata para los soldados heridos en combate (y eso que en Colombia no hay conflicto). Creo que es un noble propósito, pero no entiendo muy bien por qué algunas empresas grandísimas que donan unas sumas irrisorias presumen tanto. En estos días es frecuente oír por esa emisora a respetabilísimos empresarios haciendo alarde de generosidad y de altruismo, después de consignar unas cantidades de plata que no les hacen ni cosquillas a sus balances. Me parece una actitud farisaica, pues con toda la publicidad que reciben recuperan de sobra lo gastado. ¿Por qué no harán sus donaciones calladitos, como Dios manda?

Por último, después de ver con lástima cómo Berlusconi fue atacado en Milán por un tipo que le lanzó una miniatura de la catedral de esa ciudad (¡qué puntería!), me pregunto qué habría pasado si eso hubiera ocurrido en Colombia con Álvaro Uribe. Si por aquí algún estudiante le lanzara al presidente una réplica de la catedral de Pablo Escobar, por decir algo, y le rompiera la cara, marica, lo más probable es que, con la ayuda del FBI y de la CIA, las autoridades descubrieran en cuestión de minutos que no se trataba de un acto aislado de un individuo, sino que hacía parte de un plan terrorista, instigado por columnistas de oposición y pagado en dólares en una cuenta secreta en Caracas.

Inmediatamente, el individuo sería capturado y conducido (con un brazo fracturado y tres costillas rotas, producto de una caída cuando pretendía huir de las autoridades) a una audiencia de imputación de cargos en la que reconocería que es miembro activo de la columna móvil Teófilo Forero de Lafar, pero que estaba muy arrepentido por lo que acababa de hacer. Acto seguido, Uribe lo perdonaría y pediría que dejaran en libertad a ese pobre muchacho. ¡Extra! La popularidad del presidente llegó al 115%.

Horas más tarde, el hombre sería hallado muerto en su casa, luego de pegarse un tiro en la sien derecha, pese a que era zurdo. Al parecer tenía problemas de personalidad.



14 de diciembre de 2009

La burocracia de la CDMB y la crisis ambiental en el campo

Por Koestler

El cambio climático es una realidad, que la ven hasta los ciegos. Unos lo sufren y otros viven a expensas del cambio climático. Sí. Aunque suene raro. Veamos por qué.

Para este fenómeno actual juegan muchos factores. La sobre población humana y los requerimientos de producción agrícola, pecuaria e industrial que le acompañan. En especial, la irracional producción propia del sistema capitalista o de economía de mercado. En la que lo principal es la obtención de ganancias y no la satisfacción de las necesidades humanas, hasta el grado de que se prefiere destruir las producciones con tal de garantizar los precios.

Igualmente, el proceso productivo tiene aparejada una gran contaminación del aire, el suelo, las aguas y todos los seres vivientes que existen en la tierra. Incluidos los seres humanos. Nada escapa a la consecuencia perniciosa del sistema productivo.

Por lo pronto, dejemos aquí esta reflexión y pasemos a otro de los aspectos. Por ejemplo, la legislativa. Que es hecha por mujeres y hombres elegidos para tal función, que, en la mayoría de los casos cuentan sólo con una ignorancia enciclopédica para tomar decisiones. Las que muchas veces adoptan movidos por intereses personales, económicos, políticos y hasta religiosos, con un gran desconocimiento de las bases científicas o sociales necesarias para tomar una medida legal que favorecerá o perjudicará a sectores importantes de la población.
Un ejemplo al canto es la norma que regula los cauces de aguas y, ahora, hasta la posibilidad de hacer o no retenciones de agua sobre los cauces o sobre caños secos, o la construcción de jagüeyes para recoger las aguas lluvias. Sí. ¡Hasta para recoger las aguas lluvias! Así se la montan a los campesinos, quienes no pueden dar un paso sin pedir permiso.

Las normas van en contrasentido de la urgencia de la actual realidad. Por ejemplo, el desorden ambiental amenaza con grandes sequías. Con desórdenes en el régimen de lluvias, que aparecen en forma intensa y en poco tiempo. Causan daños como erosiones, inundaciones, destrucción de infraestructura, etc. Y luego, soles y calores intensos, resequedad de ríos, quebradas y caños. Al poco tiempo se afecta todo: población humana, animal y vegetal.

A Noé, los de la CDMB lo hubieran encarcelado...
Pero no todo está perdido. Se puede cumplir con una gran norma: dejar que las aguas lluvias fluyan, y fluyan y fluyan... para gozar de la sequedad ambiental. Y así, las autoridades ambientales, que ahora hasta se han vuelto de policía se pueden frotar las manos con la satisfacción del deber cumplido: dejar que el agua fluya.


Aunque no lo parezca, los campesinos no deberían pedir permisos para construir represas o jagüeyes, sino que deberían estar obligados a hacerlo para compensar socialmente el uso que hacen de las aguas. Bueno, ¡no es para
que los burócratas lo tomen tan al pie de la letra! Nuestro pensamiento real es que quienes hacen uso de una fuente de agua debería construir igualmente pequeñas retenciones de la misma, preferiblemente en serie sobre la cañada, para inducir a la percolación de la misma hacia los lados con el fin de incrementar la retención de agua y la liberación de la misma cuando mermen las quebradas.

La gente debe construir trinchos, jagüeyes y demás retenciones que favorezcan el incremento del recurso agua, además de los bosques --que de paso son ineficientes para la renteción de agua, así nuestros sabios se empeñen en sostenerlo. No somos enemigos de los bosques, pero no son tan eficientes para dicha tarea. Los superan los micro bosques o los rastrojos. Sólo que hay que saber organizarlos para dicha función.

La experiencia de muchas partes nos señalan que cuando se construyen represas sobre los cauces, en serie, y que cuando se construyen retenciones de aguas lluvias o jagüeyes, mejora la disponibilidad de agua y el bienestar social de las comunidades.

De tal manera, para esta emergencia social y ambiental, la CDMB, más que preocuparse por reglamentar y cobrar por permisos debería tener un GEAA positivo. (Grupo Élite Ámbiental de Asesoría, no la policía que tienen ahora para castigar a los productores.) Que colabore, junto con las autoridades municipales y departamentales, con las orientaciones para que los campesinos construyan todas las retenciones de agua que sean necesarias para incrementar los flujos acuíferos y tener la disponibilidad necesaria para su consumo y actividad agropecuaria.


Por lo pronto, en lo único en lo que han sido prestos es a acudir a impedir que la gente haga las retenciones de agua o construyan los jagüeyes, sin importarles las consecuencias para los cultivos. Y de paso, para los ingresos de los campesinos, el salario de los trabajadores, etc. El tal GEA (Grupo Eficiente de Asalto, debería llamarse), cuando se trata de resolver quejas de las comunidades sobre la contaminación de las aguas que los usuarios toman para el consumo adoptan las medidas dependiendo de quien contamina: si es un poderoso, agachan mansamente la cabeza y todo queda en el papeleo. De ahí las protestas de los campesinos, como en el caso de El Salado, La Aguada y otras de Lebrija.

Se requiere una renovación de política y de criterios. Que la CDMB entienda la gravedad del momento y adopte medidas para preservar la vida, no para mantener una élite de burócratas que se lucran de las tasas ambientales que cobran por el acceso al agua y otras funciones. Que sean coherentes en las políticas, pues no se entiende cómo permiten que los terratenientes tumben bosques y rastrojos para sembrar palma africana, pero persiguen a quienes comercian la madera que los "palmicultores" tumban.

Esperamos que no sea demasiado tarde. Menos en Lebrija, donde se avecina una gran crisis agrícola y de acceso al agua para el consumo humano. En Lebrija se podría retener mucha agua lluvia. El potencial es elevado. Pero urge un cambio de mentalidad en la CDMB. Y en los campesinos.

Caricatura tomada de Blog de Colirio, El Espectador, ¿El fin del mundo en el 2012?

Las "mieles del neoliberalismo"



Por: Helena Villamizar García-Herreros

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE DE 2009

Que el neoliberalismo trajo grandes beneficios es indudable; sobretodo para los nuevos dueños de las privatizaciones, sus agentes, asesores y eminentes subvaluadores del patrimonio público, y en general para el capital financiero. Las evidencias son elocuentes: Carlos Slim convertido en el hombre más rico del mundo a partir de la explosión de su fortuna por la compra de empresas públicas; ingentes ganancias para los nuevos dueños de las electrificadoras en Colombia; exorbitante incremento de la fortuna de los compradores del Cerrejón, pues a menos de dos años de efectuada la compra, Glencore, parte del consorcio comprador vendió una quinta parte de su adquisición por tres veces el valor total que había pagado por su participación (33%) en los derechos sobre el puerto, ferrocarril y las reservas de esta mina. Estos son tan solo unos ejemplos de las mieles de la doctrina del libre mercado y el rechazo a la intervención del Estado, y por supuesto la imposición de las privatizaciones. El caso del Cerrejón no es el único donde ocurren fabulosas y repentinas valorizaciones del patrimonio público vendido a grandes multinacionales. El comportamiento del sector financiero también es emblemático bajo el paradigma neoliberal; aún en épocas de crisis continuó acumulando exorbitantes beneficios: $ 7,5 billones a octubre pasado, superando en 2 billones (36%) las de igual período del 2008. Agudo contraste con la suerte de la industria, cuya caída no es ajena a los lucrativos intereses del sector financiero.



Pero las mieles del progreso y la fortuna no se derramaron sobre la población como predicaba el credo neoliberal; contrariamente la pobreza y la indigencia aumentaron en América Latina entre 1990-2002. “Hoy, la región continúa enfrentando el desafío de la pobreza y la gran desigualdad social y económica, y la política social no ha sido capaz de hacer frente a las demandas de protección.” dice la CEPAL. Sólo entre 2002-2008, período de la expansión económica más prolongada desde los 70, gracias en buena medida a los precios de las exportaciones y el crecimiento mundial, la pobreza y la indigencia se redujeron en la región. Colombia en este contexto fue una de las naciones con peor comportamiento, subcampeona en desigualdades. En efecto, esta nación ocupó el segundo lugar en la participación del 10% más rico de la población en el ingreso total, (41,1%), superada tan solo por Brasil y lejos del promedio latinoamericano de 34%. Igual sucede con la fracción del ingreso que va al 70% mas pobre de la población; su baja participación, 33,5%, fue inferior sólo en Brasil. Pero a diferencia de este último y de casi todos los países latinoamericanos que redujeron la desigualdad, Colombia formó parte del trío de países, -con Guatemala y la República Dominicana-, que según la CEPAL, aumentaron la concentración del ingreso después del 2002. Su coeficiente de Gini pasó de 56.9 a 58,4 entre 2002-2005 frente a una reducción promedio de 5% en América Latina. Y con relación al diferencial entre el quintíl más rico y el más pobre, igualmente Colombia presenta la mayor desigualdad con excepción de Honduras. 1/ No podía ser de otra manera dada la especial predilección gubernamental de favorecer a los más poderosos. No es gratuito que la indigencia haya crecido en 2,7% entre 2005 y 2008 en Colombia, mientras la participación en el ingreso del 10% más rico aumentaba de 38,8% al 41,1% entre 2002-2005 1/.



Parte del deterioro distributivo por supuesto radica en la concentración de los activos y entre ellos de la tierra, cuya concentración y el desplazamiento por grupos armados han aumentado. La mayor desigualdad igualmente se deriva de la evolución de los salarios. La realidad desmiente la prédica de que éstos aumentaron mucho en Colombia. En realidad, entre los factores que explican la reducción de la pobreza examinados por la CEPAL, los sueldos y salarios en Colombia registran la menor variación anual en hogares pobres {la mayoría} entre 1990 y 2008, después de Uruguay y Paraguay en Latinoamérica .1/ Un tema para la reflexión del mísero aumento que se proyecta en el salario mínimo, y que contraría la tesis según la cual los salarios serían causantes de desempleo en Colombia. La ostensible caída de la participación de sueldos y salarios y rentas de trabajo en más de seis puntos del PIB (de 61,9% en 2002 a 55,5% en 2007), bajo el mandato Uribe, se opone igualmente a dicha argumentación. La revaluación, claro síntoma de favoritismo con el capital financiero es en cambio una de las raíces del desempleo.



Las consecuencias distributivas del neoliberalismo son inocultables para América Latina. En Colombia dichos resultados fueron exacerbados por una ética oficial que legitimó favorecer hasta límites inconcebibles a los más ricos y poderosos, mientras aplicaba políticas regresivas de reformas laborales, y mayor IVA afectando a los más pobres. La evolución de Colombia en el concierto latinoamericano es vergonzosa; respecto a la meta del milenio de reducción de la pobreza, es el país latinoamericano con menor reducción de la pobreza extrema entre 1990 y 2008; y respecto a la pobreza total tan sólo es superado en su deshonroso lugar por Honduras, Bolivia y Paraguay.1/ ¡Que agudo contraste con el rápido enriquecimiento de los hijos del presidente o de los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y de tantas otras políticas diseñadas bajo un mandato que al tiempo que enriquece a sus amigos y donantes se empeña en desconocer el conflicto interno y la injusticia social que lo alimenta!



Y en lugar de reformar las políticas que llevaron al fracaso rotundo del modelo como quedó demostrado en la reciente crisis, se refuerzan sus postulados planteando mezquinos aumentos salariales, como si en estos estuviese la génesis de la crisis o en su reducción el remedio. Se olvida el hecho elemental que nos tuvo que recordar recientemente el profesor Nouriel Roubini de la Universidad de New York, que la crisis es caída de la demanda, la cual se agudiza con bajos salarios y con el abandono del mercado interno.


1/ CEPAL, Panorama social de América Latina 2009.


Tomado de: http://cucuta-empresarial.blogspot.com,