22 de noviembre de 2010

Sandeces de Martinelli


Tomado de elnuevosiglo.com

*Se mantiene la afrenta a Colombia
*Gobierno debe salir del mutismo



Reaccionamos de inmediato, el sábado anterior, al asilo panameño y la inmunidad otorgada a la subjúdice ex jefa de Inteligencia del Gobierno Uribe, María del Pilar Hurtado, por todo lo que calificamos de afrenta a Colombia, misil contra la justicia nacional y la “Operación Jaque” a que ha sido sometido el Gobierno del señor Presidente Juan Manuel Santos. Hay allí una maniobra aleve contra el país, sus instituciones, su democracia y la libre autodeterminación de los pueblos, que no sólo contraviene múltiples convenios internacionales, sino particularmente los pactos sobre asilo territorial y diplomático firmados en 1954, en Caracas, y desarrollados hasta el Acuerdo de Cartagena de 1984. Una especie de prevaricato internacional, insistimos, al volver las acciones ordinarias de la justicia colombiana en delito político; un prevaricato que no debe ni puede contar con el aval y la aquiescencia de Santos quien como Jefe de Estado encarna la personería jurídica colombiana y a quien corresponde ante el mundo, según la Carta Magna, la defensa de “la soberanía…, la independencia y la honra de la Nación”, inclusive respaldándose en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con asiento de todos los expresidentes recientes y antiguos.


El presidente panameño, Ricardo Martinelli, ha dicho que es una acción soberana de su país. Soberana, sí, pero no sólo inamistosa sino improcedente e ilegal. Y así lo es porque está en su derecho, según el Convenio que aduce, de asilar a los perseguidos políticos, pero en ningún caso, como nace de la misma ley, a quienes están incursos en acciones judiciales por delitos simples, menos si son agravados, como los de Hurtado. No sólo lo dicen los convenios firmados por Panamá, sino el mismo pacto de San José común a todos los latinoamericanos. Ante ello, Martinelli dice que habló con Hurtado. Ni siquiera con la embajadora colombiana, ex colega de Gobierno de ella, salvo que lo hubieran hecho y así pasado por la faja a la Canciller que no fue informada ni por él o los funcionarios colombianos. Y en esa simple conversación de Hurtado y Martinelli se llevan de tajo a la justicia, disque porque le ayudó en algún caso. Tenía que saber o informarse, al hablar con ella, de que ya el Procurador la destituyó y sancionó, y la Fiscalía había anunciado decisiones una vez logrado todo el acervo, donde reposan testimonios de inculpados a décadas de cárcel, y que apenas terminó de nutrirse hace quince días con las declaraciones y documentos de nuevos testigos para respetarle el debido proceso.


El señor Martinelli cree que son perseguidores políticos todo el Gobierno Santos, el Procurador, el Fiscal, los jefes de los partidos, y los colombianos de bien. ¡Qué atropello a la razón! Deberá saber que no por haber dado asilo a tanto orate latinoamericano la soberanía panameña puede afectar la de Colombia. Y en materia grave, porque está obstaculizando las acciones judiciales ordinarias de un país que lucha por recuperar su norte y en lo que se interpone, prestándose a jugadas de baja índole. El gobierno colombiano, pues, tiene que ir más allá de las crípticas declaraciones iniciales. Hasta el momento ha preponderado el mutismo, pero es menester la defensa nacional, no en el sentido bélico, sino en el de la alta política, la que exige ponerse a tono con las responsabilidades históricas, la que mide la corteza de un estadista en cuanto noción de Estado, la que no contemporiza con quienes pretenden salvar su pellejo a costa de la República en alianza con gobiernos cómplices. Suficiente es con la injusta mácula que se ha cernido sobre el país por otras causas para caer ahora en semejante estropicio de aceptar los díscolos e interesados dictámenes de un gobierno que sabía que Hurtado estaba incursa en delitos comunes propiciados desde el mismo Estado, lo que difiere de cualquier asilo anterior. Caben pues los requerimientos del artículo 11 del Convenio de Asilo Territorial, de manera que Martinelli recapacite ante el alud de evidencias o definitivamente se declare enemigo de Colombia.


Urge, pues, una actitud gubernamental franca. Que si débil, frágil, dubitativa, como viene siendo, mandará el beneplácito a otros países, y el mismo Panamá, de que pueden abrirse todos los santuarios de impunidad bajo los pretextos más inverosímiles y espurios. Y si fuerte, vigorosa, viril, como diría Enrique Santos, estaría demostrando el talante democrático, justo e internacionalista que pretende. No es el tiempo de ser neutrales ni indiferentes.

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