Por: Gustavo Gallón
De 31.600 paramilitares supuestamente desmovilizados en forma colectiva, 28.000 pasaron del monte a su casa sin ninguna investigación judicial, con el astuto argumento de que no existía un proceso ni una condena previa en su contra, a pesar de encontrarse en flagrante delito. Un “Comité de Dejación de Armas” (CODA), presidido por el Ministerio del Interior y de Justicia, y con la secretaría técnica del Ministerio de Defensa, les concedía un certificado de desmovilización. Con ese papel, la Fiscalía formalizaba su exoneración de responsabilidad penal por haber formado parte de organizaciones ilegales, como si fuera una simple infracción de tránsito, y no hubiera implicado la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El Gobierno logró que la opinión percibiera como normal esa amnistía de facto. La Corte Suprema de Justicia anuló en julio de 2007 la exoneración de uno de esos 28.000 casos, al advertir que la Constitución no permite conceder amnistías ni indultos para tales crímenes. Para entonces, 11.000 paramilitares habían ya formalizado su exoneración en la Fiscalía, y 17.000 más estaban en turno. Como si todo se redujera a un problema de trámite, se aprobó una ley para permitir que el Fiscal renuncie a la persecución penal de estos casos, previa declaración jurada del implicado en la que afirme no haber cometido delitos diferentes a la pertenencia al grupo paramilitar, y porte ilegal de armas y uniformes. La ley (1312 de 2009) ha sido demandada ante la Corte Constitucional, y no se ha aplicado todavía, por temor a que sea anulada, pues es un indulto encubierto.
El problema no es de simple trámite. Entre estos 28.000 paramilitares en libertad hay más de uno comprometido en graves masacres, violaciones sexuales u otras atrocidades. No todos ellos son, como se ha querido hacer creer, simples reclutas. Por supuesto que varios de ellos ni siquiera son paramilitares y fueron presentados falsamente como tales, como lo han reconocido algunos cabecillas. Otros son víctimas: niñas y niños vinculados forzadamente al paramilitarismo. Algunos más tienen una voluntad sincera de corregirse y reintegrarse, y el Estado debe apoyarlos en ese empeño. Pero muchos no están en esa situación: siguen siendo paramilitares, o sencillamente están por fuera de los programas de reintegración, sin saldar su deuda con la sociedad ni contribuir a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El Estado no puede seguir renunciando a su deber de hacer posible tal contribución. Por ello, en vez de alarmar, debe celebrarse que la Fiscalía haya empezado desde junio a librar por fin órdenes de captura contra algunos de estos 28.000 paramilitares, como lo ha revelado la Alta Consejería para la Reintegración. Debería empezar por los ausentes, que son los que no participan en los programas de la Alta Consejería. En todo caso es una oportunidad para que el nuevo Gobierno comience a deshacer los entuertos que en esta materia le dejó el anterior y se oriente hacia el efectivo desmantelamiento del paramilitarismo.
*Director, Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org
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