Problemas para la vivienda de interés social
Los proyectos de vivienda de interés social en el campo sufren una seria limitante: la modalidad de propiedad. Es una pesada herencia 
histórica que la ley 388 del 97 no previó, al igual que otras leyes hechas para impedir el fraccionamiento de la propiedad. Nos referimos, claro está, al número mínimo de hectáreas para los predios de uso pecuario o agropecuario, y al número mínimo de fraccionamiento para que no se conforme una parcelación.
Vamos por partes. Ya se había detectado un serio problema de minifundismo en la zona alta del municipio de Lebrija, pero se hallaba enmascarada una problemática aún más aguda de división de la tierra: el fraccionamiento de la misma mediante la modalidad de posesión herencial, sin legalización. Estas heredades corresponden a las familias más pobres de Lebrija. Viven, por ejemplo, en una parcela de dos o tres hectáreas hasta 10 familias, y aún en predios más pequeños.
Sus condiciones de vida son precarias, ajenas a situaciones de vida digna. En algunos casos, son viviendas sin lugares cubiertos para atender sus necesidades más urgentes, que deben realizar a campo abierto. Son muchos jornaleros o medieros. Carecen de documentos legales que certifiquen la propiedad o dominio del predio. Como son propiedades que se han mantenido así durante más de 20 o 30 años, jamás se preocuparon por legalizar la situación de posesión. Ahora, con la vigencia de la ley del ordenamiento territorial, estarían obligados a efectuar una parcelación, con los correspondientes costos, harto elevados para sus situaciones apuradas.
Si no se atiende, con una política municipal clara esta realidad del campo, el plan de mejoramiento de vivienda y de vivienda social sólo podrá beneficiar a los propietarios del campo que, sin ser ricos, se encuentran en mejores condiciones que los jornaleros. Y el descontento será mayor. La ley no contempló este problema y se le debe dar una respuesta imaginativa.
El tratamiento de aguas residuales....
Presuntamente nos enfocamos en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Su costo oscila alrededor de los 13000 millones de pesos. Una suma imposible de asumir por el municipio. Pero no es problema, pues al parecer se haría con recursos de la nación. Pero aquí, como se dice, sale más caro el caldo que los huevos.
El quid del problema es el mantenimiento anual de la planta. Vale la frijolada de 3000 millones de pesos. Si tenemos en cuenta que en Lebrija, en el casco urbano, existen 3000 viviendas, significa que cada casa pagaría al año, por servicios de aguas residuales 1 millón de pesos. Así en el mes, pueden llegar a pagar de agua $15000 pesos, y por manejo de aguas residuales, al mes, $83000 pesos.
Hecho que torno insostenible ese modelo de tratamiento de aguas residuales. Se exige otro enfoque, que sí sea viable. Por eso, el Plan de Desarrollo debe reconsiderar dicha opción y abrir el espacio para otras soluciones. ¿?
