De eso tan bueno no dan tanto...

Como un claro ejemplo de la forma en que se burlan de los pobres está el plan de vivienda del gobierno Santos... No por que se nieguen las casas, sino porque no significan nada comparado con lo que reciben de regalo anual los ricos de este país de...

Sólo leer y comparar. Hacer funcionar el cerebro... un poco nada más, sólo un poco, poquito, poquito, para que caiga la venda...

 

Tomado de: ElEspectador.com |16 Mayo 2012 - 11:00 pm

El horror

Por: José Fernando Isaza

Según las profecías mayas el mundo se acaba el próximo 22 de diciembre.


Nuevas interpretaciones dicen que sólo será el cambio de una era, pero un hecho reciente hace pensar que sí hay señales de catástrofes cósmicas: el Gobierno ha lanzado un programa que subsidia directamente a los más pobres de los pobres. Regalarles vivienda a 100.000 familias. Cada vez que se utiliza el presupuesto para redistribuir el ingreso salen voces a decir: eso es asistencialismo, hay que enseñar a pescar y no regalar pescado, aunque la persona se esté muriendo de hambre; algo así como no arrojar un salvavidas a quien se está ahogando y decir: es mejor enseñarle a nadar. Por el contrario, cuando se emplean recursos fiscales y se otorgan generosas exenciones tributarias para hacer más ricos a los ricos, los mismos que censuran los subsidios a los pobres salen a aplaudir la medida; es para estimular la creación de riqueza, la innovación, la inversión, el emprendimiento.

En Colombia el gasto público no tiene un efecto sobre la redistribución del ingreso; el índice Gini que mide la concentración de la riqueza es sensiblemente igual antes de impuestos que después de impuestos. En Europa y EE.UU., después de impuestos el índice mejora más de un 10%. El índice de la desigualdad en el país sólo es superado en América por Haití y Belice, y en el mundo por Namibia, Botsuana y Angola. Las políticas llevadas a cabo por Lula, incluyendo la donación de casas, mejoraron la distribución del ingreso, y de tener un Gini superior al de Colombia, Brasil muestra hoy un mejor indicador, 0,55 contra 0,585 en el país.
Si se quiere que una familia con ingreso menor a $850.000 mensuales tenga una vivienda digna, ésta debe ser regalada; no hay forma de destinar parte de ese ingreso al pago de cuotas, por bajas que sean.

El subsidio anual para el programa es de un billón de pesos. Es bueno comparar esta cifra con el subsidio que pagamos todos los usuarios a los productores de etanol y biodiesel.

El biocombustible se paga a $8.811 el galón de etanol y $9.258 el de biodiesel; a Ecopetrol se le reconocen $4.870; la diferencia de precios es un claro subsidio. El consumo diario de gasolina es 78.000 barriles y el de diesel 108.000 barriles; es obligatorio mezclar el 10% de etanol y el 5% de biodiesel, negocio con burro amarrado. El subsidio anual recibido en forma de exención de impuestos y sobretasas a la gasolina asciende a $955.000 millones anuales e ira creciendo.

Esta cifra es sensiblemente igual al gasto público por ejecutar el programa de vivienda para los pobres. Agréguense a lo anterior las rebajas en el impuesto a la renta al deducirles la inversión en activos necesarios para producir el etanol a partir de la caña y el biodiesel a partir de la palma africana.

Dada la estructura societaria altamente concentrada en la industria de la caña de azúcar y la palma africana, puede estimarse que no más de 150 inversionistas controlan el 80% de la producción, y estos reciben un generoso aporte del Estado anualmente, similar al que recibirán por una sola vez 100.000 pobres entre los pobres.

Vivienda gratis... Se abre el debate

Es necesario que se discutan los contenidos y alcances de la propuesta de vivienda gratis del gobierno nacional. Ello tiene varias implicaciones. Seguiremos brindando informes al respecto. El artículo del ex ministro Eduardo Sarmiento es muy interesante, y debe ser leído con atención.

Ante la propuesta del gobierno Santos

El programa de vivienda gratis

Por: Eduardo Sarmiento

 

 

El Gobierno anunció que entregara 100 mil viviendas sin compensación a los sectores más pobres de la población.


La decisión es interesante, pero está llena de interrogantes. Típica idea económica deformada por fines políticos.

La discusión ha girado sobre la disponibilidad de tierras y la financiación, las cuales no constituyen mayor obstáculo para construir las 100 mil viviendas, porque representan una pequeña fracción del déficit habitacional y de las metas oficiales. El problema está en el reducido tamaño del programa.

Desde tiempo atrás he sostenido que los subsidios de vivienda fueron mal concebidos por la tendencia centralista. La subvención se entrega en efectivo al beneficiario, condicionada a que el resto se cubra con un crédito. Así, la escogencia de los beneficiarios queda por cuenta del sector financiero. Por su parte, los bancos ven a los usuarios de interés social como sujetos de alto riesgo y, en general, buscan toda clase de procedimientos para eludir la obligación. Por eso, las ambiciosas metas de vivienda de todos los gobiernos se han incumplido garrafalmente.

En lugar de reformar en su conjunto el sistema fallido, el Gobierno intenta corregir la deficiencia estructural del sistema para un grupo reducido, asumiendo la totalidad de la financiación y pasando la selección de los beneficiarios a los alcaldes. En el fondo, está rectificando el programa de vivienda contemplado en el plan de desarrollo. Allí se estableció una meta de 560.000 viviendas de interés social para los cuatro años, es decir, 140 mil por año, y la ejecución no es ni 30%. La diferencia es que ahora, con la nueva modalidad, aumenta el monto del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales.

En las declaraciones oficiales se habla de un programa de $3,7 billones, que aparentemente es una suma grande, pero que no dice nada si no se relaciona con el tiempo. De acuerdo con el ministro de Hacienda, las viviendas serían construidas por firmas que recibirían el pago cuando se entregue el producto terminado y con un plazo de cuatro años.
En todo esto no falta el protagonismo. El programa se infla con cifras y anuncios efectistas, que no tienen representación en la realidad. No se trata de un gasto de $3,7 billones que se repite cada año, sino de un gasto anual de $600 mil millones durante seis años. La erogación presupuestal anual es sólo de 0,1% del PIB, y se financiará con el incumplimiento de la meta de subsidios de viviendas de interés social.

Lo más grave es que no existe un marco institucional que garantice la asignación de las viviendas con criterios técnicos. Los beneficiarios serían escogidos por los alcaldes dentro de un marco complejo; los individuos que cumplen con los requisitos para acceder al privilegio son mucho mayores que la oferta. De hecho, se configura una renta que puede apropiarse con propósitos políticos.
 
La idea enfrenta serias dificultades de aplicación. Su sostenibilidad y transparencia sólo se lograrían dentro de un marco general que garantice la entrega de la vivienda a todas las personas que cumplan los requisitos, es decir, a los más pobres. En tal sentido, el volumen de viviendas tendría que ser mucho mayor, el período de aplicación de varios años y la erogación presupuestal anual de más del 1% del PIB. Adicionalmente requeriría de una severa fiscalización y rendición de cuentas para evitar la corrupción y el clientelismo.

En fin, el programa de vivienda gratis adolece de los mismos problemas de dimensionamiento de las leyes de tierras y el primer empleo. Las iniciativas sociales del Gobierno se presentan dentro de grandes despliegues y titulares, pero sin comprometer los recursos y las instituciones que aseguren el cumplimiento.