Autosubsidios de la familia Uribe Moreno
Un proceso de la Contraloría, iniciado a instancias del representante
Iván Cepeda, confirmó que en 2008 el entonces presidente Álvaro Uribe
firmó una resolución que le otorgaba subsidios a predio rural de
propiedad de él y su familia. El subsidio buscaba dotar la propiedad del
presidente de un distrito de riego, pero los vecinos aseguran que de
sus puertas sale el agua que los inundó en el invierno pasado.
El Distrito de Riego de estas fincas del departamento de Córdoba fue construido entre 2007 y 2010 con dineros públicos. El Distrito de Riego está en terrenos de la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., que pertenece a la familia Uribe Moreno y que tiene como representante legal a Lina Moreno, entonces primera dama de la Nación.
Luego de las denuncias del representante Iván Cepeda, la contraloría delegada para el sector agropecuario inició una investigación que ya produjo sus primeros resultados.
El Distrito de Riego del proyecto Mocari, fue aprobado mediante el decreto 732 de 2008, suscrito por el propio presidente Álvaro Uribe y su ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias.
“El conflicto de intereses es el primer asunto que debió operar en el momento de la selección para descartar de plano, ese Distrito en particular”, dijo el congresista Iván Cepeda.
Según el decreto, la entidad encargada de ejecutar los presupuestos sería el Incoder, que para la época estaba bajo la dirección de Rodolfo Campo Soto, investigado penal y disciplinariamente por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Cepeda agregó que “el asunto concreto es que operó algo similar a la política de Agro Seguro pero ya no para los amigos político, ya no para los socios, sino para la familia y el mismo presidente”.
Las construcciones para el Distrito de Riego en los predios de la familia Uribe Moreno, consistían en caminos en los bordes de los predios para evacuar aguas lluvias. Estas obras almacenaban o expulsaban el agua por las puertas que donó el gobierno.
Hace un año, los vecinos denunciaron que las administraciones del Distrito de Riego se hacía en perjuicio de los demás campesinos de la región.
El informe de la Contraloría señala que la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. se benefició con 773 millones de pesos a través de la priorización de recursos asignados por el decreto 732 de 2008.
El Distrito de Riego de estas fincas del departamento de Córdoba fue construido entre 2007 y 2010 con dineros públicos. El Distrito de Riego está en terrenos de la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., que pertenece a la familia Uribe Moreno y que tiene como representante legal a Lina Moreno, entonces primera dama de la Nación.
Luego de las denuncias del representante Iván Cepeda, la contraloría delegada para el sector agropecuario inició una investigación que ya produjo sus primeros resultados.
El Distrito de Riego del proyecto Mocari, fue aprobado mediante el decreto 732 de 2008, suscrito por el propio presidente Álvaro Uribe y su ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias.
“El conflicto de intereses es el primer asunto que debió operar en el momento de la selección para descartar de plano, ese Distrito en particular”, dijo el congresista Iván Cepeda.
Según el decreto, la entidad encargada de ejecutar los presupuestos sería el Incoder, que para la época estaba bajo la dirección de Rodolfo Campo Soto, investigado penal y disciplinariamente por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Cepeda agregó que “el asunto concreto es que operó algo similar a la política de Agro Seguro pero ya no para los amigos político, ya no para los socios, sino para la familia y el mismo presidente”.
Las construcciones para el Distrito de Riego en los predios de la familia Uribe Moreno, consistían en caminos en los bordes de los predios para evacuar aguas lluvias. Estas obras almacenaban o expulsaban el agua por las puertas que donó el gobierno.
Hace un año, los vecinos denunciaron que las administraciones del Distrito de Riego se hacía en perjuicio de los demás campesinos de la región.
El informe de la Contraloría señala que la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. se benefició con 773 millones de pesos a través de la priorización de recursos asignados por el decreto 732 de 2008.
